El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) es una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla acciones en Uruguay por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social. Desde su fundación a fines del año 2008 ha ido ampliando su misión y su campo de intervención, incorporando nuevas líneas de trabajo a partir de la transversalización de las mencionadas temáticas vinculadas con la promoción y la defensa de otros derechos humanos. En el marco de la comunidad regional de organizaciones sociales que trabajan en las mismas áreas de intervención, se articula con el gobierno nacional y las distintas agencias/ oficinas, tanto del Sistema Universal, como del Sistema Regional de Derechos Humanos.
Periodista, investigador, defensor de derechos humanos.
En su actividad como miembro de la sociedad civil, en la actualidad es presidente de CAinfo y miembro del comité coordinador de la red IFEX-ALC. Como periodista, hoy es director del medio digital Sudestada de Uruguay y corresponsal en Montevideo de la agencia de noticias Reuters.
Integro CAinfo desde el año 2011, primero como consultor, luego como coordinador del área de Libertad de Expresión y ocupo la presidencia desde el año 2020. El presidente del consejo directivo es el encargado de liderar la organización junto con las otras dos personas que forman parte del equipo, las periodistas Pilar Teijeiro y Carolina Molla. Desde el consejo establecemos las principales líneas de acción de la organización, supervisamos el desarrollo de los proyectos, representamos a CAinfo en las actividades con otros colectivos y ante las autoridades nacionales e internacionales, así como en las redes o alianzas regionales de las que formamos parte.
En los últimos años surgió una tendencia a la estigmatización y el hostigamiento de periodistas por parte de voceros y representantes del Estado, intentando afectar la credibilidad de la actividad periodística. Eso se ha hecho evidente en algunos discursos públicos, posteos en redes sociales y hasta en mensajes privados para cuestionar contenidos, pautas periodísticas o preguntas en comparecencias públicas. Estas prácticas han derivado en el último año en un aumento exponencial en el número de juicios (o amenazas de demandas) contra periodistas y medios de comunicación, incluso por parte de legisladores o integrantes del gobierno. El principal desafío para los próximos años es propiciar un ambiente de diálogo con las figuras públicas del país para disminuir esos niveles de enfrentamiento, de hostigamiento y naturalmente evitar las demandas judiciales.
Hay periodistas que ven con preocupación el problema, porque han sufrido las consecuencias de este tipo de ataques, especialmente en algunos medios que se consideran “opositores” o a los que se les atribuyen intenciones de perjudicar al gobierno. También ha sido recibido con inquietud por la Asociación de la Prensa Uruguaya, que es el sindicato de personas trabajadoras de los medios de comunicación, así como por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las y los periodistas del país lo viven de manera muy diferente dependiendo de su situación personal, laboral o incluso su ubicación en el territorio. Es un desafío hacer llegar a todo el colectivo la gravedad del problema y la necesidad de trabajar para denunciarlo.
Uruguay aprobó en el año 2008 la Ley N° 18.381, que consagró el Derecho de Acceso a la Información Pública, lo cual puso al país en la vanguardia en la región porque lo considera como un “derecho fundamental” al que pueden acceder “todas las personas”. Sin embargo, con el transcurso de los años se ha hecho muy difícil que el ejercicio del derecho trascienda más allá de algunos colectivos como periodistas, sociedad civil, sindicatos o dirigentes políticos. Todavía la mayor parte de la población ignora que los organismos públicos están obligados a dar respuesta a los pedidos de acceso a la información en un plazo determinado, y que en caso de no hacerlo es posible recurrir a la Justicia. Desde CAinfo realizamos instancias de capacitación con periodistas de todo el país y todavía nos seguimos encontrando con periodistas que ignoran cómo realizar un pedido, cuáles son los plazos legales para responder o cómo presentar una acción de acceso a la información ante los tribunales. Además, hay organismos que mantienen una interpretación restrictiva de la ley, imponiendo obstáculos ilegales para negar el acceso, y además han existido reformas regresivas a la ley, que consagran nuevas restricciones por la vía legal.
La principal lección de Uruguay para la región es la necesidad de cuidar los avances para impedir retrocesos."
La principal lección de Uruguay para la región es la necesidad de cuidar los avances para impedir retrocesos. Uruguay es la muestra de un país que fue ejemplo durante muchos años de libertad de expresión y que hoy, más allá de que sigue teniendo los mejores niveles de la región, registra situaciones que antes no se vivían y que lo van acercando a otras realidades más complejas. La aparición de un alto número de juicios, la aprobación de normativa regresiva o la estigmatización de periodistas muestra cómo es necesario estar vigilantes -tanto desde la sociedad civil como desde el Estado- para defender las libertades ante posibles contagios de otros contextos. También es justo decir que a pesar de estos problemas, el país mantiene una sociedad civil vigorosa y atenta, con instituciones democráticas que respetan su actividad.
Publicado el 11 de enero de 2023.
